Los reconocimientos del Estado Palestino en las fronteras anteriores a 1967

Por  David Comedi, IJAN Argentina.

La ola de reconocimientos del Estado Palestino que ha surgido en las semanas recientes primero por los llamados países líderes del MERCOSUR (Brasil y Argentina) y luego por muchos otros países latinoamericanos (siendo Perú y Paraguay los más flamantes de la lista), podría ser interpretada como un importante “espaldarazo” por parte de este bloque a la causa nacional palestina.

Sin embargo, hay varios hechos que nos llevan a indagar esta cuestión un poco más en profundo.

Por un lado, está claro que el bloque latinoamericano, en especial la dupla Brasil-Argentina, está buscando aprovechar el vacío generado por el evidente fracaso sistemático de la “intermediación” de EEUU en sus “intentos” de  resolver el “conflicto palestino-israelí”. Buscan, por así decirlo, desarrollar una política exterior de proyección global y participación como actores principales en acontecimientos políticos internacionales de relevancia.

La estrategia para lograr tal prestigiosa posición, no obstante, consistiría, usando una expresión popular, en agradar a “griegos y troyanos”. Esto se deduce de la reciente aprobación de los tratados de libre comercio con el estado de Israel y los esmerados esfuerzos de dirigentes latinoamericanos, como por ejemplo el inminente candidato a la vicepresidencia nacional Daniel Scioli, para tender la alfombra roja a empresarios israelíes en Argentina, incluyendo aquellos de empresas involucradas directamente en la ocupación y control de territorios palestinos. Al mismo tiempo, tales estados dicen apoyar las aspiraciones del pueblo palestino a su autodeterminación, comenzando por el reconocimiento de su –sintomáticamente inexistente– estado soberano, llegando la mayoría incluso, como es el caso de Argentina, a reconocer las fronteras anteriores a las violadas por Israel en la guerra del 1967, que incluyen a Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, en respeto a las disposiciones de la Ley Internacional y las demandas de la ONU (Resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad).

Pero ocurre que la situación de Palestina no es como la de la guerra entre “griegos y troyanos”.  Según la leyenda, Grecia ataca a Troya, y Troya se defiende con un poderoso ejército, estableciendo una guerra entre iguales, o casi iguales. En el caso del pueblo palestino y del estado de Israel, por el contrario, el ejército de estado Israel es el cuarto del mundo en sofisticación y tamaño, mientras que los palestinos ni siquiera cuentan con un estado organizado ni con armas de defensa contra los mortíferos ataques de Israel, como claramente evidenciado durante la masacre de más de 1400 palestinos indefensos en Gaza entre diciembre de 2008 y enero de 2009.

Ni siquiera estamos hablando de un conflicto de dos partes con iguales derechos por un pedazo de tierra, como muchos alegan, ni mucho menos de una competencia entre potencias económicas o militares por la hegemonía de una región.

Lo que ocurre en la Palestina histórica, como puede ser visto por cualquiera que se tome el trabajo de recorrer la zona, o como ha sido incluso reconocido por diversos estudios científicos comparativos, es un caso de colonialismo y apartheid. Como se sabe, tras la realización del primer congreso sionista mundial en Basilea (Suiza) en 1897, algunos pocos colonos europeos judíos adherentes a la doctrina sionista comenzaron a instalarse en la Palestina histórica. A estas les siguieron inmigraciones más importantes a principio del siglo XX. A través de manipulaciones diversas, las fuerzas coloniales sionistas se apoderaron de tierras palestinas, por medio del soborno, la prepotencia y/o del apoyo de potencias europeas con las que tenían una empatía natural. Al notar que la hegemonía sionista sobre Palestina no podría ser total por la existencia de centros regionales palestinos cuyos habitantes no podrían ser desalojados por medios relativamente “pacíficos”, se estableció un programa de limpieza étnica por medio del terror y la violencia. El objetivo último era constituir un estado con hegemonía judía, el “estado de Israel”, para lo cual era necesaria una contigüidad territorial mínima entre los centros poblacionales coloniales sionistas, garantizando la supremacía demográfica. El momento más dramático de esta limpieza étnica ocurre en 1948, la Nakba, cuando los sionistas proclaman unilateralmente el estado de Israel, aprovechándose de una recomendación de la ONU de dividir a Palestina (Resolución 181). Es así como durante la infame guerra de ese año, dada a llamar por algunos historiadores israelíes como “guerra de liberación”, los ejércitos sionistas masacran a miles de palestinos y expulsan a poco menos de 800.000, desalojando (“liberando” dirían ellos) cientos de “molestas” aldeas palestinas.

Estos refugiados palestinos y sus descendientes, que hoy constituyen varios millones esparcidos por el orbe, tienen sus derechos al retorno y a recibir compensación por los daños ocasionados garantizados por la ley internacional y declarados oficialmente por el artículo 11 de la Resolución 194 de la ONU.

Sin embargo, tales derechos han sido rechazados por los gobiernos del estado de Israel, los cuales, obviamente, nunca han deseado perder los beneficios conquistados a través de la limpieza étnica, que en realidad continúa hasta los días de hoy, especialmente en la región de Jerusalén y la Cisjordania. La destrucción de casas palestinas y la remoción de campos de cultivo palestinos es cosa de todos los días en diversas zonas del estado de Israel y principalmente en las zonas ocupadas militarmente por éste desde 1967. Como en la antigua Sudáfrica del apartheid, los palestinos han sido recluidos a bantustanes separados por cercas, muros y puestos de control militares donde diariamente son humillados y sometidos a diversas vejaciones psicológicas y físicas. Y ante cualquier  resistencia palestina a todas estas atrocidades, un avasallador aparato de represión militar dispara a matar o realiza detenciones masivas. En los campos de detención israelíes (al menos uno de ellos secreto), hay casi 10.000 prisioneros, muchos de ellos menores de edad.

Desde la ética

Por lo tanto, desde un punto de vista ético, la posición equidistante y tibia de los países latinoamericanos (a excepción de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Cuba, que rompieron sus relaciones con el estado de Israel) en relación a la situación en la Palestina histórica es realmente escandalosa y huele a oportunismo. Habría de esperarse, si realmente se quisiese ser relevante en la resolución de la situación de los palestinos y fiel a la justicia, una adhesión más firme al Derecho Internacional del Hombre, el cual no sólo condena el colonialismo y el apartheid y establece el derecho de los palestinos a su autodeterminación, sino, en especial, reconoce el derecho inalienable de los refugiados palestinos a retornar a sus tierras y a recibir indemnización por los daños que les fueron ocasionados por la colonización sionista.

En particular el actual gobierno argentino y su ligado antecesor, que han alcanzado un significativo grado de reputación internacional en la lucha contra la impunidad y por el respeto a los derechos humanos al juzgar a los militares genocidas argentinos de la década del 70, demuestran una flagrante hipocresía al no tomar una posición más decisiva contra los militares (y/o civiles) genocidas israelíes. Si se busca la coherencia, dicho gobierno debería adherir al boicot convocado por la sociedad civil palestina (movimiento BDS) hasta que el estado de Israel respete a las disposiciones del Derecho Internacional. Al igual que Sudáfrica, Israel no será capaz de poner fin a su política de apartheid contra los palestinos si no se ejerce presión desde fuera.

Desde la realpolitik

Más allá de la ética, analizamos la situación desde un punto de vista de práctico, y nos preguntamos: ¿a quién sirve la posición de los países latinoamericanos? ¿Representa realmente, como aparenta, la reciente ola de reconocimientos del Estado Palestino dentro de las fronteras anteriores a 1967 los intereses de la liberación palestina del yugo israelí?

Es verdad que el reconocimiento de las fronteras anteriores de 1967 está en sintonía con las disposiciones de la ONU [Resoluciones 242 (1967) y 338(1973) del Consejo de Seguridad]. Podría entonces decirse que es una posición que refuerza al Derecho Internacional y que apoya la llamada “solución de los dos estados (S2E)”, es decir, uno con supremacía judía (“Israel”) y el otro con supremacía palestina en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este (“Palestina”). Sin embargo, si bien es posible que en 1967 o aun en 1973 la S2E haya llegado a ser una posibilidad en la práctica (aunque éticamente problemática), en la realidad del siglo XXI, cuando vemos que el estado de Israel ha violado prácticamente todas las Resoluciones de la ONU, expandiendo asentamientos en la Cisjordania y ha anexado Jerusalén Este, con más de medio millón de colonos allí instalados en cómodos chalets y que reciben beneficios económicos por vivir en estas zonas ocupadas,  y continúa derribando allí edificios históricos, destruyendo barrios y casas palestinas; cuando hemos sido testigos, además, de la creación de la llamada “Autoridad Nacional Palestina” que, de acuerdo a declaraciones de algunos de sus funcionarios y los muy recientes “documentos palestinos” revelados por la red de noticias “Al Jazeera”, han realizado concesiones en negociaciones secretas que suponen una capitulación prácticamente total a la causa inicial por la liberación de Palestina, sin que se haya llegado al tan buscado acuerdo; cuando vemos que estas concesiones, detalladas en los documentos, irían mucho más allá que la famosa doble claudicación de Arafat en Oslo y Camp David denunciadas por el gran humanista Edward Said, no podemos más que llegar a la conclusión de que la S2E ha fracasado fatalmente.¹.

Por lo tanto, en el año 2011, el reconocer las fronteras de antes de 1967 apoyando la S2E es algo tan inútil como intentar revivir un muerto. Es algo tan inocuo como “seguro”, sin riesgo, ya que al hacerlo, no se está haciendo nada en la realidad.

Y en una situación de ocupación brutal como la que existe en Palestina, en la que el estatus quo obviamente favorece al estado de Israel, que continúa ininterrumpidamente la maquinaria colonizadora, expropiando palestinos, expandiendo asentamientos, estableciendo colonos armados, reprimiendo violentamente la legítima expresión de resistencia al despojo y otras prácticas genocidas, el no hacer nada implica en complicidad con el ocupante.

Conclusión

Muchos dicen que semejante pronunciamiento en bloque, como el de los países latinoamericanos, debe ayudar a poner a la causa palestina con algo más de fuerza sobre la mesa de las “negociaciones de paz”. Se entiende, tantos años de indiferencia y complicidad global nos han enseñado a conformarnos con tan poco. Pero es justamente por esa enorme deuda que la humanidad hemos contraído con el Pueblo Palestino que no nos podemos permitir aceptar una postura tan tímida y, por qué no decirlo, anacrónica por pecar de tardía.

La urgencia de la situación exige una posición más determinante. Una adhesión en bloque al llamado al BDS, por ejemplo.